Abogado defensor
penal

La detención conforme al artículo 72 de la Ley del Ministerio del Interior no puede superar las 24 horas. La persona debe ser puesta en libertad antes si desaparecen los motivos. Toda privación de libertad posterior a ese periodo exige un fundamento jurídico separado y una resolución adecuada del órgano competente.

La imputación de una persona no prolonga por sí sola la detención policial. La orden de detención del fiscal de hasta 72 horas conforme al artículo 64(2) del Código Procesal Penal es una medida separada destinada a llevar al imputado ante el tribunal al solicitar prisión preventiva; no es automática.

El derecho a la defensa jurídica nace inmediatamente con la detención o con una restricción efectiva de la libertad de circulación.

Fundamento jurídico: Artículos 72–74 de la Ley del Ministerio del Interior; Artículo 64(2) del Código Procesal Penal.

Una PERSONA IMPUTADA es aquella a la que se atribuye formalmente esa condición procesal conforme a los requisitos y al procedimiento establecidos en el artículo 54 del Código Procesal Penal. En la fase preliminar, la imputación se rige por el artículo 219. En la fase judicial, la persona contra la que se enjuicia la acusación tiene la condición de acusada.

Derecho a la defensa jurídica — de inmediato.

La PERSONA ACUSADA es aquella contra la que se enjuicia la acusación en la fase judicial. El procedimiento judicial puede iniciarse mediante un escrito de acusación del fiscal o, en delitos de persecución privada, mediante querella del perjudicado. Por ello, esta condición no se limita a los asuntos iniciados mediante acusación fiscal.

Derecho a la defensa jurídica — de inmediato.

El testigo debe comparecer cuando sea debidamente citado y declarar con veracidad, salvo que la ley permita negarse. Sus principales derechos incluyen:

• Negarse a declarar en los supuestos del artículo 119 y a responder preguntas que puedan incriminar al propio testigo o a los familiares indicados en el artículo 121(1) del Código Procesal Penal. No existe un derecho incondicional de todo testigo a rechazar cualquier declaración.
• Acudir al interrogatorio con un abogado y consultarlo conforme al artículo 122(2). La ausencia injustificada del abogado no impide el interrogatorio.
• Utilizar las notas que obren en su poder sobre cifras, fechas y otros datos relevantes para la declaración; percibir compensación por la jornada laboral perdida y el reembolso de gastos; y solicitar la revocación de actos que vulneren sus derechos e intereses legítimos conforme al artículo 122(1).
• Ser interrogado en el lugar donde se encuentre si una enfermedad o discapacidad impide su comparecencia, conforme al artículo 120(2). La declaración mediante auxilio judicial o videoconferencia no es una opción incondicional a la exclusiva elección del testigo.
• Recibir medidas de protección cuando existan motivos suficientes para apreciar un peligro real, a petición del testigo o con su consentimiento, conforme al artículo 123; y utilizar las vías de recurso legales contra las medidas que le afecten.

Puede solicitarse asistencia jurídica desde que se recibe una citación. Los derechos aplicables y la posibilidad de negarse a declarar dependen de la condición procesal de la persona y de la pregunta concreta.

Fundamento jurídico: Artículos 119–123 del Código Procesal Penal.

Si durante el interrogatorio un testigo comienza a declarar contra sí mismo, la autoridad debe detener el interrogatorio y explicar los derechos del artículo 139(7). Otras garantías incluyen acceso a un abogado, asistencia jurídica gratuita e interpretación cuando concurran sus respectivos requisitos; se aplican reglas equivalentes a los careos conforme al artículo 143(6)–(10).

Fundamento jurídico: Artículo 139(7)–(11) y artículo 143(6)–(10) del Código Procesal Penal.

La víctima es una persona física que ha sufrido daños patrimoniales o morales a consecuencia de un delito. En la fase judicial puede personarse como acusador particular y/o actor civil.

La persona jurídica perjudicada es una organización que ha sufrido daños patrimoniales a consecuencia de un delito. En la fase judicial puede personarse como actor civil.

Derecho a la defensa jurídica — de inmediato.

La víctima que ha sufrido daños patrimoniales o morales por un delito perseguible de oficio tiene derecho a participar en el procedimiento judicial como acusador particular.

Derecho a la asistencia jurídica en cualquier fase del procedimiento judicial.

La víctima de un delito perseguible mediante querella privada puede formular y sostener la acusación ante el tribunal como querellante privado.

Derecho a la asistencia jurídica en cualquier fase del procedimiento judicial.

La víctima o sus herederos, así como las personas jurídicas perjudicadas por el delito, pueden reclamar civilmente una indemnización dentro del proceso penal judicial y personarse como actores civiles.

Derecho a la asistencia jurídica en cualquier fase del procedimiento judicial.

Las personas contra las que se dirige una demanda civil, distintas del acusado penal, participan en el procedimiento judicial como demandados civiles.

Derecho a la asistencia jurídica en cualquier fase del procedimiento judicial.

Derecho a la defensa jurídica — desde la imposición de una medida de coerción procesal.

Derecho a la defensa jurídica — desde la imposición de una medida administrativa coercitiva.

Derecho a la defensa jurídica — desde la imposición de una medida administrativa coercitiva.

La denegación de entrada conforme al artículo 14 del Código de fronteras Schengen es una decisión individual motivada, notificada al interesado y sujeta al procedimiento de recurso aplicable. No equivale a una prohibición separada de entrada y estancia. Los datos de denegación solo se incorporan al SES/EES cuando la persona y la situación fronteriza están comprendidas en el ámbito del sistema.

Puede solicitarse asistencia jurídica desde la denegación de entrada; si existe una detención efectiva, también se aplican las garantías frente a la privación ilícita de libertad.

Derecho a la asistencia jurídica — desde la notificación o el conocimiento por cualquier otro medio de la denegación.

Defensa, asistencia y representación jurídicas en solicitudes de asilo, estatuto o protección temporal en Bulgaria. Asistencia en relación con medidas administrativas coercitivas: internamiento en un centro especial de estancia temporal de extranjeros, detención conforme a la Ley del Ministerio del Interior o internamiento en una zona de tránsito o centro de retención de un puesto fronterizo.

Derecho a la defensa jurídica — de inmediato.

Derecho a la defensa jurídica — desde la primera actuación procesal relativa a la persona en relación con una solicitud de medidas médicas coercitivas del artículo 89 del Código Penal, incluidas la conducción forzosa, la detención, la citación o la designación o audiencia de un perito psiquiatra forense; en todo caso, a más tardar desde la presentación de la solicitud del fiscal conforme al artículo 427 del Código Procesal Penal.

Derecho a la defensa jurídica — desde la primera actuación estatal que afecte a los derechos o restrinja la libertad de circulación, incluido el internamiento temporal del artículo 154 de la Ley de Salud; en todo caso, a más tardar desde la solicitud del fiscal o la primera citación conforme a los artículos 157–158 de la Ley de Salud.

→ Conducción tras consumir alcohol o drogas: el tipo básico del artículo 343б(1) del Código Penal búlgaro exige una concentración de alcohol en sangre superior a 1,2‰, acreditada mediante el procedimiento establecido. El artículo 343б(2) contempla separadamente la conducción con una concentración superior a 0,5‰ tras una condena firme por el delito del apartado 1. La conducción tras consumir drogas o sustancias análogas, acreditada por el procedimiento establecido, se rige por los apartados 3 y 4.

→ Negativa a someterse a pruebas: la responsabilidad penal exige las condiciones específicas del artículo 343б(6) —conducir y negarse a una prueba tras una sanción administrativa anterior por uno de esos actos— o del apartado 7, relativo a la negativa a una prueba o al incumplimiento de una orden de examen después de participar en un accidente de tráfico. Conforme al apartado 8, no se impone pena si la negativa de los apartados 6 o 7 obedece a circunstancias ajenas al control de la persona. Si faltan los elementos de un delito, debe examinarse la responsabilidad administrativa conforme a la Ley de Circulación Vial.

→ Conducción sin el permiso correspondiente o durante una privación del derecho a conducir: el artículo 343в(1) exige conducir durante el cumplimiento de una privación del derecho a conducir, tras una sanción administrativa anterior por el mismo acto. El apartado 2 se refiere a volver a conducir sin el permiso correspondiente dentro del año siguiente a la sanción administrativa.

→ Vehículos a motor no matriculados y placas de matrícula: pueden aplicarse los delitos autónomos del artículo 345; la falsificación, supresión o deterioro del número de identificación de un vehículo se valora conforme al artículo 345а. No toda irregularidad técnica constituye un delito.

→ Permitir que utilice un vehículo a motor una persona sin permiso o que haya consumido alcohol o drogas: la prohibición figura en el artículo 102(1), punto 1, de la Ley de Circulación Vial, con consecuencias administrativas cuando concurren sus requisitos. Quien facilita el vehículo solo puede incurrir en responsabilidad penal si su conducta concreta reúne los elementos de otro delito aplicable.

→ Accidentes con personas lesionadas: se aplican los artículos 342 y 343 cuando se acreditan los elementos de un delito de transporte. En muertes o lesiones moderadas o graves causadas por imprudencia por otros usuarios de la vía, incluidos quienes utilizan vehículos no motorizados, también deben examinarse los tipos generales de los artículos 122 y 133, según los hechos.

Conviene solicitar defensa jurídica de inmediato, tanto para la persona cuya responsabilidad se investiga como para los perjudicados. La versión aplicable de la ley penal depende de la fecha del hecho y de la regla de la ley más favorable del artículo 2.

Fundamento jurídico: Artículos 2, 122, 133 y 342–345а del Código Penal; Artículos 102, 174 y 177 de la Ley de Circulación Vial.

La competencia de los tribunales militares se rige por el artículo 396 del Código Procesal Penal, salvo los delitos competencia de la Fiscalía Europea. Importan la condición de la persona y los requisitos legales, no solo la etiqueta atribuida al delito.

→ Militares y demás categorías expresamente indicadas en el artículo 396(1); en el caso de los militares, no es necesario que el hecho se haya cometido en el ejercicio de funciones militares.

→ Reservistas que prestan servicio activo en la reserva voluntaria y personas que prestan servicio en tiempo de guerra, conforme al artículo 396(1), punto 4.

→ Civiles que prestan servicio en el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas de Bulgaria, las estructuras subordinadas al ministro de Defensa o el Servicio Nacional de Protección, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de estas, conforme al artículo 396(1), punto 6.

→ Civiles que participan en el delito junto con personas de las categorías indicadas en el artículo 396(1), según lo previsto en el artículo 396(2).

Estructura e instancias judiciales: 1. Fiscalía militar de distrito y el correspondiente tribunal militar de Sofía, Plovdiv o Sliven. 2. Fiscalía Militar de Apelación y Tribunal Militar de Apelación de Sofía. 3. Tribunal Supremo de Casación.

Medidas cautelares para asegurar la comparecencia: deben distinguirse las medidas ordinarias del artículo 58 de las medidas especiales del artículo 401 para las personas comprendidas en el artículo 396(1), punto 4: vigilancia estricta dentro de la unidad y detención en cuarteles o centros ordinarios de detención.

El derecho de defensa letrada nace de inmediato según la condición procesal; en caso de detención, desde la restricción de la libertad.

Fundamento jurídico: Artículos 396, 399, 401 y 405 del Código Procesal Penal.

• Debe solicitarse asistencia jurídica de inmediato. Debe formalizarse un poder y establecerse un canal adecuado de comunicación segura.
• Comprobaciones y solicitudes con asistencia de abogado: ejercicio de los derechos de acceso, rectificación o supresión mediante los procedimientos aplicables al SIS, INTERPOL/CCF y EUROPOL. No constituyen una consulta única que abarque todos los registros de personas buscadas; el acceso puede limitarse legalmente. La CCF supervisa los datos de INTERPOL y no es un tribunal penal. EUROPOL no dicta órdenes europeas de detención y entrega.
• Una notificación roja de INTERPOL no es una orden de detención internacional. Sus efectos y la facultad de detener dependen de la legislación aplicable. La ausencia de una persona en la base de datos de notificaciones públicas no demuestra que no esté siendo buscada.
• Confidencialidad: la información del cliente se trata y comunica únicamente en la medida necesaria y con respeto a la ley y al secreto profesional. La asistencia jurídica no comprende eludir la justicia ni garantizar que se ocultará información cuya comunicación sea legalmente obligatoria.
• Derecho a guardar silencio y protección frente a la autoincriminación: su alcance depende de la condición procesal. Solicite asistencia jurídica antes de dar explicaciones o firmar documentos; siguen siendo aplicables las obligaciones legales de identificación y comparecencia.
• Pruebas que apoyan una medida menos restrictiva: domicilio, vínculos familiares y laborales, resoluciones judiciales e informes médicos.
• Viajes: solicite una valoración del riesgo de coincidencia con una alerta y de detención conforme al procedimiento aplicable.
• Comparecencia voluntaria: organización lícita y comunicación con las autoridades competentes a través del abogado. No puede prometerse que no habrá detención ni que se adoptará una medida concreta; las garantías legalmente disponibles requieren una valoración individual.

Fundamento jurídico: INTERPOL — notificaciones rojas; EUROPOL — derecho de acceso.

Derecho a la defensa jurídica — desde el momento de la detención. Se recomienda encarecidamente contar con dos abogados: uno en el Estado de ejecución, donde se encuentra detenido, para ocuparse del procedimiento y de la medida restrictiva; y otro en el Estado emisor o requirente para tratar las garantías, el principio de especialidad, los plazos de prescripción, los documentos, las garantías relativas a las condiciones de detención, el procedimiento y la salud, las negociaciones y la posible retirada o modificación de la OEDE.

Para operaciones en Sofía 1000, Bulgaria; la región de Macedonia Central, Grecia; y la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia, con el objetivo de prevenir prácticas indebidas y fraudes inmobiliarios.

Asistencia y asesoramiento jurídicos para solicitar al Ministerio del Interior una licencia de armas de fuego, y representación jurídica para impugnar la denegación de una licencia o la revocación de una licencia existente.